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Luis Henry Molina asegura que el Poder Judicial eliminó 40 años de mora en los últimos seis años

de Derecho del World Justice Project, donde el país pasó del puesto 90 al 95. El problema más claro, dijo, estaba en la propia Corte Suprema de Justicia. De cada diez casos, nueve tardaban un año o más en resolverse, teniendo expedientes pendientes desde el año 1982. Para tener la primera audiencia podían 

pasar hasta cinco años. En los tribunales de nivel inferior, era complicado evaluar la situación porque las estadísticas judiciales tardaban mucho en consolidarse, y en algunos casos llegaban hasta dos años después. Además de esto, había una carga administrativa muy alta: casi la mitad de los más de 550,000 casos que entraron al sistema en 2019 eran asuntos administrativos o divertidos, 

que no tenían que ver con conflictos entre personas. En lo que respecta a la materia penal, Molina mencionó que hay poca coordinación entre los operadores del sistema y que se usan pocas alternativas, lo que hace que el tráfico se vea más congestionado. La atención judicial era totalmente en persona y requería que los usuarios se fueran a una de las 219 sedes judiciales para realizar cualquier trámite. También señaló problemas en los servicios que ofrecen a personas en situación de vulnerabilidad, como 

la falta de suficientes centros para entrevistas forenses y el daño emocional que sufren las mujeres que han sido víctimas de violencia. En algunos casos, dijo, era necesario moverse entre provincias para que un proceso pudiera seguir su curso. Erradicación de la mora como prioridad institucional

El primer objetivo establecido por la gestión fue eliminar la mora judicial. Molina llamó a este desafío una obligación cívica, al recordar que detrás de cada caso hay personas, inversiones que quedaron detenidas y derechos que aún esperan una respuesta. Según los datos que se presentaron, el 90 por ciento de los casos que toma la Suprema Corte de Justicia se terminan resolviendo en un año o menos. En asuntos civiles y comerciales, el tiempo promedio es de 12 meses; en temas inmobiliarios, 

contencioso-administrativos, tributarios y laborales, tardan seis meses; en casos penales, el 80% se resuelve en tres meses; y los procesos de extradición se terminan en 24 horas. El presidente del alto tribunal dijo que este resultado significó la eliminación de más de 40 años de retrasos estructurales, gracias a una gestión que se enfocó en cumplir